Resumen: En
este artículo se hace una descripción muy esquemática de la evolución de
la economía chilena a lo largo del siglo XX, buscando destacar los
factores estructurales que han impulsado y condicionado sus más
importantes transformaciones. Su objetivo es hacer una somera evaluación
global de los principales avances y retrocesos que, desde la perspectiva
del desarrollo económico, cabe observar en estos acontecimientos e
identificar sobre esa base los principales desafíos que aún están
pendientes y las eventuales estrategias que ellos demandan.
INTRODUCCIÓN
"Chile, en este siglo XXI, ya no es ni será un coso de
desarrollo frustrado, como lo señalara Aníbal Pinto, refiriéndose al paso
del siglo XIX al XX. Chile está siendo, y será, un caso de desarrollo
logrado, exitoso, donde los frutos de este crecimiento y desarrollo llegan
a todos los rincones y a todos sus hijos"
Presidente Ricardo Lagos, Mensaje al Congreso
Pleno, 21 de mayo de 2005
Chile entró al siglo XX firmemente
tomado de la mano del salitre y salió de él apoyado en una canasta
exportadora básicamente constituida por productos de la minería, la
silvicultura, la (1) pesca y la fruticultura con
escaso grado de elaboración. Es decir, comenzó y terminó el siglo XX
sustentado en una economía primario-exportadora, preferentemente minera,
altamente dependiente de los requerimientos que le plantean las economías
industriales que en función de las necesidades que nacen de su propio
desarrollo, conforman los principales mercados de destino de sus
productos.
En el ínter tanto sus élites intelectuales y sus
círculos gobernantes tomaron conciencia de la comparativa "inferioridad"
de su economía, levantaron diversas hipótesis para explicárselo y
diseñaron luego en base a ellas estrategias que se esforzaron por
implementar con el propósito de superar esa condición. El desarrollo
económico, concebido como sinónimo de industrialización, se convirtió por
largo tiempo en el objetivo central de las políticas públicas
desplegándose desde el Estado un gran esfuerzo, plasmado en múltiples e
importantes iniciativas, para avanzar en esa dirección.
Pero, en
las condiciones del capitalismo dependiente latinoamericano del siglo XX y
en un marco de compromiso con una estructura interna de privilegios
oligárquicos la postre esos esfuerzos se evidenciaron infructuosos. Hoy
día predomina en los círculos gobernantes de Chile un clima de general
escepticismo con respecto a las posibilidades de cualquier proyecto de
industrialización autónomo, dados los fuertes y al parecer insuperables
condicionamientos que en ese plano imponen las crecientes brechas que abre
el proceso de concentración y centralización financiera y tecnológica que
es inherente al funcionamiento de la economía capitalista mundial.
Para no desentenderse completamente de él
se procede entonces a modificar el significado y alcance del propio
concepto de desarrollo. Se lo reduce ahora exclusivamente al logro de un
crecimiento económico lo más dinámico posible, basado en la producción y
exportación de aquellos productos primarios en los que Chile exhibe claras
ventajas competitivas. Se abandona así toda preocupación especial por la
naturaleza de la estructura productiva capaz de sustentar en el largo
plazo ese crecimiento, modificándose también los modelos que le sirven de
referencia: ya no los ejemplos clásicos de industrialización exitosa sino
los "nuevos países industrializados" del sudeste asiático. Se mantiene,
empero, la expectativa de que éste vaya acompañado también de crecientes
grados de "equidad" según lo demanda la conocida fórmula acuñada por la
CEPAL.
Esto último, sin embargo, tiende a quedar solo en el
discurso. Su significado, grado de urgencia y modo de lograrlo dista de
generar consenso en los círculos gobernantes ya que tratándose de un
objetivo que el libre funcionamiento del mercado no garantiza, supondría
en principio una activa intervención del Estado tras el propósito de
distribuir al menos parte de los frutos del crecimiento y contrarrestar
así las inherentes tendencias del sistema a generar la exclusión de
amplios sectores de la población. Intervención que, como se sabe, iría
completamente a contrapelo del credo económico dominante. De allí que se
apele a la educación como mecanismo de movilidad social.
Lo cierto
sin embargo es que la idea misma de una posible vía de desarrollo
autónomo, capaz de permitir un crecimiento económico autosostenido, se ve
ahora descartada y su lugar es ocupado por políticas de inserción en la
economía mundial que, desde la actual posición periférica de la economía
chilena solo le permiten operar como proveedora de materias primas y
alimentos, y probablemente de servicios para la región. En el marco de
esta opción estratégica, lo que se intenta identificar es el modo
maximizar los potenciales beneficios que ofrece y minimizar los costos que
demanda a cambio este escenario económico internacional cada vez más
globalizado.
En rigor, la marcha de los acontecimientos no avala,
por tanto, la afirmación del Presidente Lagos invocada como epígrafe de
este documento. Por el contrario, y sin que ello implique desconocer o
subestimar la importancia del continuo, pero a la vez desigual, proceso de
modernización experimentado en los diversos ámbitos de la vida nacional
torna mucho más plausible sostener que la evolución de la economía chilena
en el siglo XX volvió a arrojar como resultado una fundamental frustración
de los esfuerzos desplegados en pos de un desarrollo efectivo, que le
permitiese superar su secular condición de economía periférica y
dependiente.
¿Cómo explicarse esta situación? ¿Qué significado
reviste lo ocurrido durante el último siglo para que llegásemos a este
resultado? Para responder a tales interrogantes es preciso hacer un
examinen pormenorizado de las transformaciones más relevantes
experimentadas por la economía chilena a lo largo de este siglo, buscando
identificar las fuerzas tanto internas como externas que las han impulsado
y el modo como ellas finalmente se articulan para arrojar los resultados
que conocemos. Por su enorme alcance y complejidad, una tarea de esa
envergadura escapa ampliamente a las posibilidades de este
ensayo.
En consecuencia, sólo realizaremos aquí una descripción muy
esquemática de ellas. Primero haremos un breve cotejo del cuadro que la
realidad económica y social del país exhibe a comienzos y a fines de esta
centuria. Pasaremos luego revista a los principales acontecimientos que
caracterizan cada uno de los tres grandes periodos que marcan la evolución
de la economía chilena entre uno y otro momento. Finalmente, intentaremos
realizar una evaluación de los avances y retrocesos que cabe imputar a
estos acontecimientos desde la anhelada perspectiva del desarrollo
económico e identificar los principales desafíos y eventuales vías de
superación de los problemas a que la situación actual nos
confronta.
CHILE ENTRE DOS
ÉPOCAS
No parecería aventurado sostener, valiéndose de
aquella dicotomía clásica acuñada en el ámbito de la sociología
decimonónica, que éste ha sido el siglo que ha presenciado el tránsito del
país desde la sociedad tradicional a la moderna. Ello, considerando que a
comienzos del siglo XX Chile es aún una sociedad predominantemente rural,
con una población mayoritariamente sumida en la pobreza y la ignorancia,
gobernada por una oligarquía terrateniente y basada en una economía
preferentemente minero-agrícola, lo que ofrece un contraste
suficientemente claro con la fisonomía que exhibe el Chile actual en la
mayor parte de esos aspectos.
Aunque ello suscita de inmediato un
sinnúmero de cuestiones, ampliamente debatidas, sobre el carácter de
aquellas actividades económicas "tradicionales" la naturaleza de las
motivaciones que las rigen y orientan, el carácter y significación de sus
vínculos con la economía mundial y, en definitiva, sobre la naturaleza de
la propia formación social en su conjunto, no es nuestro propósito pasar
aquí revista a estos problemas. Nos limitaremos, por tanto, a registrar en
forma resumida los contrastes más significativos que el proceso de
modernización, que en consonancia con la época que vivimos ha
experimentado el país en todos los planos a lo largo del siglo XX, hace
posible constatar entre el Chile del 1900 y el Chile del 2000.
A
comienzos del siglo XX la población de Chile bordea los tres millones de
habitantes. Al término de la centuria ese volumen de población se habrá
quintuplicado llegando a contabilizar casi quince millones de habitantes,
A partir de los años treinta las tasas de natalidad y de mortalidad
comienzan a distanciarse por el rápido descenso de la segunda, para volver
a converger posteriormente, durante los años sesenta, en un descenso
conjunto que, situándolas a ambas en niveles relativamente bajos, terminan
por completar la transición demográfica. Más recientemente la pirámide
demográfica ha comenzado a angostar su base y a ensanchar su vértice de
modo que el país comienza a experimentar un progresivo envejecimiento
relativo de su población, siguiendo las tendencias que en este plano se
observan en las economías desarrolladas.
A lo largo del siglo XX se
experimenta también un continuo desplazamiento de la población desde las
áreas rurales a las localidades urbanas. A comienzos de los años treinta
el número de personas que viven en estas últimas ha llegado ya a igualar
el de quienes habitan las zonas rurales. A partir de entonces la brecha
entre el porcentaje de personas que viven en zonas urbanas y rurales no
cesará de incrementarse, dando cuenta de un fuerte y sostenido proceso de
urbanización. Un fenómeno concomitante es el de la creciente concentración
de la población en un reducido número de ciudades y muy particularmente en
la capital. En efecto, a comienzos de siglo solo alrededor del 15 % de la
población total del país vive en Santiago y sus alrededores. A fines de
siglo ese porcentaje superará el 40 %.
Al igual que en otros países
de América Latina, este proceso de urbanización ha ido acompañado por el
progresivo surgimiento, en los márgenes de las grandes ciudades, de
importantes cordones de miseria. La falta de puestos de trabajo
suficientes para satisfacer las expectativas de quienes llegan desde las
zonas rurales en busca de mejores oportunidades de empleo, y la aguda
escasez de viviendas para cobijarlos, van haciendo surgir en forma
inorgánica extensas barriadas en que se aglomeraren condiciones muchas
veces infrahumanas, miles de familias, configurando con ello uno de los
rasgos más característicos y visibles del capitalismo
periférico.
Junto con el crecimiento de su población, a lo largo
del siglo XX Chile ha conocido también un crecimiento muy significativo de
su economía. Aunque no existen datos precisos sobre el volumen del
producto a comienzos de siglo, se han efectuado numerosas estimaciones que
permiten calibrar la magnitud de este crecimiento. Según lo manifestado
recientemente por una alta autoridad del Banco Centrarse considera que,
estimado según paridad de poder adquisitivo en dólares de 1995, el
producto interno bruto por habitante era de aproximadamente US$ 2.300, en
el año 1900, empinándose a los US$ 11.200 en el año 2000 (0valle, 2001)
(2). En definitiva, esto significa que en
términos reales, a lo largo del siglo XX el producto por habitante se
habría quintuplicado.
Ello se refleja en una apreciable mejora de
las condiciones generales de vida de la población, aun cuando, junto con
ello, sea dable constatar también la persistencia de abismales
desigualdades sociales. A este respecto, a lo largo del siglo XX es
posible observar dos tendencias claramente contrapuestas: hacia una
creciente atenuación de las desigualdades primero, tendencia que se
extiende hasta 1973, y luego un fuerte retroceso hacia grados de
desigualdad muy elevados. La muy desigual distribución de la riqueza y del
ingreso, rasgo característico del sistema económico-social imperante, se
ve fuertemente acrecentado en una economía periférica como la chilena por
la comparativamente baja productividad de la mayor parte de las
actividades que la constituyen, los bajos salarios, la precariedad de las
condiciones laborales, el alto nivel de desempleo abierto o encubierto de
la fuerza de trabajo y la inexistencia de efectivas políticas
redistributivas.
Sin duda, un aspecto clave en la historia
económica Chile en el siglo XX ha sido la gran incidencia alcanzada por el
capital extranjero en sectores productivos de importancia estratégica para
el desarrollo del país. Al despuntar el siglo la potencia hegemónica del
capitalismo mundial es Inglaterra, cuyos intereses se hacen sentir ya
fuerte y directamente sobre la economía chilena. En efecto, capitales
británicos detentan el control prácticamente total del salitre, su
principal fuente de acumulación. Un cuarto de siglo más tarde, EEUU
desplazará definitivamente a Inglaterra de ese sitial y pasará a
desempeñar en la economía chilena un rol cuya importancia, bajo diversas
modalidades, no ha cesado de incrementarse desde entonces. Hoy la economía
chilena se halla en alto grado controlada por el capital extranjero, aun
cuando la presencia directa de los inversionistas estadounidenses se ha
tornado menos visible que a mediados de siglo.
Como resultado de la acción publicaren el
ámbito de la educación y la salud se han registrado también grandes
avances en el curso del último siglo. Cabe constatar una apreciable mejora
de la calidad y una notable expansión de la cobertura del sistema
educativo en todos sus niveles, tornando crecientemente marginales las
tasas de analfabetismo. Estas últimas, que a comienzos de siglo se
empinaban por encima del 60% de la población no llegan en el año 2000 al
4%. En el campo de la atención de salud a la población se ha desplegado
una acción sostenida logrando bajar significativamente las tasas de
mortalidad, erradicar numerosas enfermedades contagiosas y otorgar una
atención materno-infantil de amplia cobertura.
Por otra parte, el
Estado ha comprometido su acción en el desarrollo de vastos planes de
construcción de viviendas y obras de infraestructura, que han permitido
incrementar el empleo, cobijara las familias, ordenar los espacios
territoriales, elevar la conectividad y dinamizar las actividades
productivas. No obstante, son muchas las familias que aún carecen de
vivienda o que viven hacinadas en construcciones extremadamente precarias,
normalmente localizadas en los márgenes de las grandes ciudades,
desprovistas de la infraestructura necesaria y constantemente afectadas
por graves problemas de inseguridad.
Finalmente, el siglo XX ha
sido también testigo de una importante modernización del sistema
político-institucional, pero que, en estrecha consonancia con lo
acontecido en el terreno económico, en su evolución dio lugar a dos
tendencias de signo contrario: abriendo paso primero a grados crecientes
de democratización y participación ciudadana en las decisiones y
revirtiendo luego esa tendencia con la imposición de un régimen político
totalitario, brutalmente represivo, seguido en la última década de esta
centuria de un sistema político-institucional revestido de ropajes
democráticos pero premunido de múltiples restricciones a la participación
popular.
En síntesis, puede afirmarse que, en términos globales,
Chile ha experimentado en el siglo XX un importante proceso de
modernización que ha abarcado prácticamente todos los ámbitos de la vida
social. Sin embargo, como ya se ha señalado, especialmente con referencia
a los actuales problemas de desigualdad social y falta de democratización
del sistema político, éste no ha sido un proceso de avance unidireccional.
Por el contrario, a lo largo del siglo XX Chile ha conocido sucesivamente
periodos que representaron primero importantes avances y luego graves
retrocesos en las condiciones de existencia de su población.
En
términos gruesos, se podría afirmar que durante el primer cuarto del siglo
XX prima un esquema de economía abierta completamente dependiente de los
requerimientos que le plantean los centros industriales del sistema
capitalista mundial. Durante el segundo y tercer cuarto del mismo se
impone en cambio un esquema de economía "cerrada" que se orienta a
fomentar y proteger el desarrollo de una industria manufacturera nacional,
impulsado con el propósito de reducir primero y superar después su
condición de economía periférica y dependiente. El último cuarto de siglo
es testigo en cambio de una reversión total de la dirección adoptada
durante la fase precedente, restableciéndose en forma decidida el esquema
de economía abierta prevaleciente hasta la crisis del periodo de
entreguerras.
Esto último permite explicar, al menos en parte, la
gran vulnerabilidad de los cimientos sobre los que actualmente se basan
los logros antes reseñados y el sinnúmero de problemas que este proceso
modernizador ha dejado sin resolver. Es conveniente, por tanto, observar
con alguna proximidad los grandes cambios que en materia de visión
estratégica y políticas económicas se impusieron en Chile a lo largo del
siglo XX. En este entendido, examinemos brevemente primero las principales
vicisitudes experimentadas por la economía chilena a lo largo de este
siglo y luego las principales enseñanzas y problemas que estos
acontecimientos ponen hoy ante nosotros.
LA
ECONOMÍA ABIERTA DE INICIOS DEL SIGLO XX
En su tipología de
las economías latinoamericanas, Vania Bambirra (1973) sitúa a Chile entre
los países de la región que conocen una industrialización más temprana
(3). Siendo ello efectivo, da cuenta de un
proceso de incipiente diversificación interna de la economía chilena, que
teniendo su origen en el siglo XIX, inevitablemente conlleva una lenta
pero creciente diferenciación de su estructura social. Sin embargo, en las
primeras décadas del siglo XX continúan imperando sin contrapeso en Chile
las políticas de libre comercio que rigieron a lo largo de todo el siglo
XIX.
No hay, por tanto, una estrategia de desarrollo. El cambio más
significativo que es dable observar desde fines del siglo XIX en la
estructura productiva del país es que, como consecuencia del pronunciado
declive de la demanda y de los precios que a partir de la crisis mundial
de 1873 afectó a los productos que fueron característicos del primer auge
exportador de la economía chilena en el curso de esa centuria (4) y de la ulterior anexión de los territorios
salitreros como resultado de la guerra del Pacífico, la vinculación de
ésta con el mercado mundial se apoya a partir de 1880 en la exportación de
un solo producto, el salitre.
Esto lleva aparejado un cambio aun
más significativo en el plano de las relaciones de propiedad, y por lo
tanto de poder, que se imponen en la economía del país. En efecto, el
salitre comienza a ser controlado en su mayor parte por compañías que, en
el contexto del conflicto, pasaron a manos de capitales británicos y que
posteriormente logran desplazar a los capitales chilenos preexistentes en
ese rubro. De este modo, por vez primera en la historia de Chile como país
independiente, el sector más dinámico de su economía y principal fuente de
acumulación de capital queda bajo control directo del capital extranjero,
profundizando así su situación de dependencia.
En 1906, con el
inicio de la explotación del mineral de El Teniente por la compañía
estadounidense Braden Copper, se comenzará a constituir lo que será
conocido en Chile como la "gran minería del cobre" sector que tras la
crisis mundial de 1929 y el irreversible declive del salitre se va a
convertir en el principal pilar de la economía chilena hasta nuestros
días. A la entrada en explotación de EI Teniente se sumará luego, a partir
de 1915, la extracción a gran escala de este mineral en Chuquicamata por
parte de la ChileExploration y la inauguración en 1927 de una planta de
procesamiento en el mineral de Potrerillos por la Ancles Copper, ambas
compañías también de capitales estadounidenses.
En estrecha
correspondencia con la transformación de la estructura productiva, puede
advertirse también una creciente diversificación en el plano social. Si
bien el movimiento obrero se venía gestando desde mediados del siglo XIX,
poniendo sobre el tapete de la política chilena la "cuestión social'; la
explotación del salitre, con las grandes concentraciones de trabajadores
que genera en torno a sus faenas, constituirá el escenario propicio para
su consolidación como sujeto protagónico de la historia social y política
del país a partir de fines del siglo XIX. Allí se formarán sus primeras
organizaciones de masas, surgirán sus líderes más destacados, se
entablarán sus primeras grandes luchas y será también víctima de la más
brutal represión (5).
En el plano
político, las dos primeras décadas del siglo XX exhiben el predominio
hegemónico de la oligarquía terrateniente que administra directamente los
asuntos del Estado a través de un régimen de cuño parlamentario. Se trata
de un régimen político que le permite actuar como una clase rentista,
usufructuando de los excedentes del salitre que son captados por el Estado
a través de los tributos que éste le aplica. De una oligarquía que,
actuando en estrecha y alegre connivencia con los capitalistas británicos,
dilapidará desaprensivamente aquella parte de los frutos de la bonanza
salitrera que llega a sus manos.
Por otra parte, Chile continúa
padeciendo fuertemente los embates de las crisis económicas que se
desencadenan periódicamente en las economías centrales o de los cambios
que allí, los principales mercados de destino para sus productos
exportables, sufre la demanda de los mismos. Así ocurre a comienzos del
siglo XX con el salitre cuya demanda como fertilizante va siendo
progresivamente desplazada por su sustituto sintético, el sulfato de
amonio. No obstante, como materia prima para la fabricación de explosivos,
su demanda vuelve a crecer a consecuencia de la primera guerra mundial,
para volver a caer una vez que el conflicto llega a su fin.
En este
cuadro de inestabilidad económica, provocada por los altibajos que
experimenta su principal actividad productiva de despiadada explotación de
los trabajadores, cunde el malestar en la población, dando origen a un
creciente fermento de protesta social. Esta situación va a cobrar
expresión en el plano político con ocasión de la elección presidencial del
año 1920. Venciendo la resistencia de los sectores más conservadores de la
oligarquía dominante, esa elección llevará a La Moneda a Arturo Alessandri
quien durante su campaña enarbola un programa de reformas que logra
despertar un amplio eco en la población. Con ello comienza a modificarse
el escenario político prevaleciente hasta entonces, emergiendo esta vez el
pueblo llano como un elemento importante del mismo.
Se inicia
entonces un proceso de cambios político-institucionales que se plasman en
la promulgación del Código del Trabajo, la separación de la Iglesia y el
Estado, la creación del Banco Central, de la Contraloría General de la
República y la aprobación de una nueva Constitución, esta vez de carácter
claramente presidencialista, en 1925. Sin embargo, desde la perspectiva de
la evolución económica del país, el punto de inflexión que abrirá paso a
un viraje significativo en materia de política económica, dando inicio a
un proceso de transformación profunda de la estructura productiva del
país, se sitúa algunos años después, en la álgida coyuntura creada por la
crisis económica mundial de 1929.
Según lo consigna un informe de
la Sociedad de las Naciones, Chile resultó a la postre ser el país más
fuertemente afectado por esta crisis. Los impactos sobre su economía
fueron devastadores puesto que el volumen y precio de sus productos de
exportación (salitre y cobre) caen en picada y con ello los ingresos en
divisas en que se basa su capacidad de importar. En consecuencia, los
vínculos comerciales entre Chile y la economía mundial, a través de los
que el país obtenía la mayor parte de los bienes manufacturados que
necesitaba se ven abruptamente rotos.
A la severidad con que la
crisis golpea a la economía chilena de entonces contribuye
significativamente la actitud de expectativa gubernamental que nace de la
confianza en las supuestas virtudes autocorrectivas de los mercados en el
marco existente. Esa actitud, ampliamente arraigada en los círculos
gobernantes de entonces, la gráfica magníficamente una célebre afirmación
atribuida a Ramón Barros Luco, uno de los presidentes de aquella época:
Hay dos tipos de problemas: los que se
solucionan solos y los que no tienen solución". En consecuencia,
resulta completamente inútil intentar hacer algo desde el gobierno.
Impacto de la gran depresión sobre
la economía chilena (Porcentajes) |
|
Situación en 1932 con resp.a 1929 |
Situación en 1938 con resp.a 1929 |
PGB |
-45,8 |
-7,3 |
Exportaciones |
-81,4 |
-38,4 |
Precios exportación salitre |
-59,0 |
-45,2 |
Volumen exportación salitre |
-78,5 |
-56,8 |
Precios exportación cobre |
-69,3 |
-44,8 |
Volumen exportación cobre |
-71,4 |
-10,1 |
Importaciones |
-86,8 |
-68,7 |
PGB/Cápita |
-48,2 |
-16,1 |
Fuente: Sáez, citado por Meller
(1996) |
De este modo, sin que nadie se lo proponga,
forzada por las circunstancias de esta crisis, surge en el país la
necesidad de abastecerse a sí mismo de los bienes elaborados que hasta
entonces se importaban. La economía chilena comienza a transitar entonces
por un camino que la irá apartando progresivamente del esquema
librecambista reconocido y aplicado hasta entonces. Así, en forma cada vez
más profunda y consistente, el país se irá involucrando en un curso de
acción que finalmente llegará a constituirse en una estrategia, esta vez
deliberadamente asumida, de desarrollo "hacia adentro" centrada en la
industrialización por sustitución de importaciones. El llamado "modelo
ISI".
DEL DESARROLLO HACIA AFUERA AL
DESARROLLO HACIA ADENTRO
El periodo que se abre con la
crisis de 1929 y la creciente sustitución de importaciones de bienes
manufacturados se extenderá finalmente por espacio de cuatro décadas; más
exactamente, hasta el golpe de Estado que en 1973 derroca al gobierno del
Presidente Allende. Los sectores que entonces, apoyados en la dictadura
militar encabezada por Pinochet, toman el control del país, darán inicio
luego a un nuevo y radical viraje en materia económica para llevarlo de
vuelta hacia el esquema de libre comercio y "crecimiento hacia fuera"
prevaleciente en los inicios del siglo XX. En la experiencia chilena de
crecimiento hacia adentro cabe distinguir al menos tres fases principales:
una primera de continua y gradual expansión del impulso industrializador
que se extiende hasta comienzos de los años cincuenta; una segunda fase en
que la economía comienza a evidenciar crecientes dificultades para
mantener vigente el empuje de los primeros años, llevándose finalmente a
cabo un intento por recuperar el dinamismo de la primera fase a través de
un ambicioso programa de reformas; por último, la coyuntura de crisis
terminal de la estrategia articulada durante este periodo que plantea la
disyuntiva de superar el capitalismo para tornar medianamente viable un
proyecto nacional de desarrollo o apuntalar el sistema descartando
definitivamente como ilusoria toda pretensión desarrollista?
EL IMPULSO INICIAL
El periodo que se inicia
con la abrupta crisis de 1929 y sus graves y prolongados efectos sobre la
economía del país, conlleva en sus primeros momentos un inevitable
desconcierto de las clases dominantes acompañado de un explosivo
descontento de las clases dominadas. El progresivo deterioro de la
situación económica del país provoca a mediados de 1931 la caída del
gobierno de Ibáñez y una sucesión de gobiernos de corta duración entre los
que se cuenta la llamada "república socialista” con una efímera existencia
de tan sólo 12 días. El clima de convulsión social y política que se vive
en aquellos días cuenta entre sus episodios más relevantes la insurrección
de la Armada y algunos conatos insurreccionales menores en algunas
ciudades del país, situación de inestabilidad que se prolonga hasta fines
de 1932.
Como ya se ha dicho, el efecto inmediato de la crisis en
el plano económico es una aguda escasez de medios de pago internacionales
lo que en julio de 1931 llevará al gobierno chileno a decretar la
suspensión del pago de la deuda externa. Esta adversa situación extrema
crea condiciones propicias para el despliegue y desarrollo de iniciativas
productivas orientadas a sustituir importaciones. En tales circunstancias,
dichas iniciativas no podrán dejar de contar con el decidido apoyo del
Estado, aun cuando éste no disponga aún de una política clara y
consistentemente orientada en tal sentido.
El creciente
protagonismo del Estado en la economía va a alcanzar su apogeo durante el
periodo de los gobiernos radicales, a partir de la creación de la
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en 1939. Desde entonces,
el proceso de industrialización por sustitución de importaciones que ya
venía gestándose durante los años precedentes, cobra un impulso inusitado.
Se debe tener presente que siendo éste también el periodo en que los
países industrializados se enfrentan unos a otros en los escenarios de la
Segunda Guerra Mundial, los vínculos comerciales entre el norte y el sur
se mantienen sumamente debilitados.
A través de la CORFO, el Estado
se involucra de lleno entonces en el fomento de la industria nacional,
asegurando la provisión de asistencia técnica y crediticia a las
iniciativas empresariales que se desarrollan en el ámbito productivo,
levantando catastros y realizando estudios sobre las potencialidades y
requerimientos de los diversos sectores de la economía, trazando
ambiciosos planes de desarrollo para cada uno de ellos y comprometiéndose
en el diseño y ejecución de las grandes obras de infraestructura que todo
ese esfuerzo requería. Paralelamente, el Estado pondrá en aplicación
medidas proteccionistas para asegurar la viabilidad de este esfuerzo de
desarrollo industrial y, además de brindar su apoyo a la iniciativa
privada, asumirá directamente, a través de la CORFO, un sinnúmero de
iniciativas empresariales de diversa magnitud.
En este sentido, los
primeros diez años de la CORFO serán también los de sus más grandes
realizaciones. Como se ha resaltado con frecuencia, los pilares de una
economía industrial moderna son, ante todo, el acero y la electricidad.
Buscando avanzaren esta dirección, la CORFO se da a la tarea de
electrificar al país, creando la Empresa Nacional de Electricidad
(ENDESA), la que comenzará a construir una importante red de centrales
generadoras, tanto termoeléctricas como hidroeléctricas, y el tendido de
transmisión correspondiente, que permiten dar al país la cobertura
necesaria. En cuanto al acero, por iniciativa de CORFO se crea la Compañía
de Acero del Pacífico (CAP) y se da inicio en 1947 a la construcción de un
alto horno en Huachipato, en las inmediaciones de Concepción, el cual
entrará en funciones tres años después.
Dados los crecientes
requerimientos de hidrocarburos que todo el esfuerzo de industrialización
lleva aparejado, la CORFO dará inicio también a una intensa labor de
prospección en busca de yacimientos petrolíferos. Esta búsqueda resultará
finalmente exitosa en la zona del estrecho de Magallanes. Se adopta
entonces la decisión de crear la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la
que dará inicio a las tareas de extracción y refinación, todo lo cual va a
permitir satisfacer con recursos propios al menos una parte de la
creciente demanda interna de combustibles.
Conjuntamente con ello
el Estado adopta un conjunto de iniciativas tendientes a mejorar
significativamente la red de transportes y comunicaciones. Se da un
renovado impulso a la marina mercante nacional, a los ferrocarriles y al
transporte aéreo, sectores todos en los que el esfuerzo del Estado se hace
presente a través de sus propias empresas, y se despliega una intensa y
sostenida labor dirigida a ampliar y modernizar la infraestructura vial,
ferroviaria, portuaria y aeronáutica del país.
Aun cuando en este
primer periodo no se adoptan medidas para modificar la anacrónica
estructura de propiedad de la tierra, dominada aún por el latifundio, el
sector agrícola no permanecerá al margen del gran esfuerzo modernizador
impulsado por el Estado. Este último adopta iniciativas tendientes a
mejorar y diversificar los cultivos, robustecer la infraestructura de
regadío, acopio, tratamiento y transporte, fomentar la maquinización de
las labores agrícolas, mejorar la calidad de las semillas y extender el
uso de fertilizantes, mejorar y diversificar la ganadería y las labores
industriales conexas a ella, incentivar la plantación de especies
forestales, etc. Especial atención merece la actividad de fomento de
ciertos cultivos industriales como los de oleaginosas y remolacha
azucarera. En 1953 la CORFO crea la Industria Azucarera Nacional (IANSA)
que levantará plantas de elaboración en distintos puntos de la zona
central del país. Por otra parte, el surgimiento y crecimiento de un
sector industrial manufacturero en la economía chilena llevará aparejada
una mayor diversificación de la estructura social del país, fortaleciendo
la presencia de aquellos sectores que, sea en calidad de empresarios o de
trabajadores asalariados, se hallan más directamente involucrados en este
tipo de actividades. A su vez, la progresiva participación del Estado en
el fomento y protección de este desarrollo industrial como en la
organización de los servicios productivos y administrativos requeridos por
él, y también por la creciente urbanización que acompaña a todo proceso de
industrialización, dará origen a una dinámica expansión de las capas
medias.
El impacto en Chile de la profunda y prolongada crisis
económica que afecta a la economía capitalista mundial en el periodo de
entreguerras, así como los cambios que ella desencadena en la esfera
productiva y en la estructura social del país, se expresarán también en
una importante modificación del escenario político con la aparición y/o
creciente influencia que adquieren las corrientes más claramente
representativas de los sectores antes aludidos: los partidos obreros por
una parte, basados en una ideología socialista, y los partidos radical
primero y demócrata cristiano posteriormente, premunidos de programas de
corte más bien modernizante, pasan a desempeñar un rol protagónico en la
vida política del país.
INESTABILIDAD Y
TENDENCIA AL ESTANCAMIENTO
Tras una primera década de
importantes avances, el dinamismo del desarrollo industrial comenzó a
decaer, evidenciándose incapaz de llevar al conjunto de la economía a
alcanzar altas tasas de crecimiento. Junto con ello persisten y tienden a
agravarse problemas que se arrastran de lejos como la inestabilidad
monetaria, expresada en persistentes tendencias inflacionarias, y las
grandes y ominosas desigualdades sociales. Los reiterados fracasos de los
intentos de estabilización puestos en aplicación en esta segunda fase del
periodo ISI dan cuenta de la profundidad y multicausalidad de los
problemas que se acumulan. La necesidad de hacerles frente y superarlos
exige, por tanto, identificar satisfactoriamente sus causas y estar en
condiciones de llevar a la práctica una estrategia que esté a la altura
del desafío planteado.
Los principales problemas parecen tener su
origen en la creciente complejidad de los desafíos inherentes al propio
proceso de industrialización, la estrechez y segmentación de los mercados
internos con la correspondiente insuficiencia de la demanda, la elevada y
onerosa dependencia de la economía nacional con respecto a los principales
centros industriales, financieros y tecnológicos del capitalismo mundial,
el creciente deterioro de los términos del intercambio, el insuficiente
nivel alcanzado por el valor de las exportaciones, el ostensible retraso
de la agricultura, que se evidencia crecientemente incapaz de acompañar el
ritmo de crecimiento de la población y el desplazamiento de la misma hacia
los centros urbanos, y el consecuente acrecentamiento de los conflictos de
interés entre los diversos grupos sociales.
Todo ello va planteando
la imperativa y cada vez más urgente necesidad de cambios institucionales
y rectificaciones profundas en el diseño global de las políticas
económicas puestas en aplicación. La creciente explosividad del
descontento social que se acumula y que se torna cada vez más preocupante
para los intereses dominantes, sobre todo tras la radicalización política
detonada por el triunfo de la revolución cubana, llevará a elaborar
programas de reforma orientados a operar una mayor y más consistente
modernización de las estructuras productivas, en particular, de las
prevalecientes en la agricultura. Es así que, en el marco de la "Alianza
para el Progreso la nueva política impulsada por EEUU para la región, se
contempla como muy necesaria una reforma agraria.
En Chile, la
fuerza política que tomará a su cargo el desafío de llevar a cabo un
programa de modernización capitalista de mayor envergadura será la
Democracia Cristiana que, encabezada por Eduardo Frei, tendrá a su cargo
la conducción del país durante la segunda mitad de la década de los años
sesenta. Bajo el gobierno de Frei cobra efectivo impulso la reforma
agraria, orientada simultáneamente a modificar la estructura de propiedad
de la tierra, incorporando a ella a una parte de los campesinos, y a
modernizar los métodos de cultivo. Los organismos encargados de impulsar
este proceso serán la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y el
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
Paralelamente,
buscando superar el cuello de botella que representa la débil capacidad de
generación de divisas de las exportaciones, e impulsa una nueva política
para la gran minería del cobre. En el sector cuprífero, calificado por
Frei como "la viga maestra" de la economía chilena, se aspira a lograr una
expansión significativa de su capacidad productiva y una mayor
participación del Estado en sus cuantiosas utilidades. Tras esos
objetivos, y bautizándola con el nombre de "chilenización" del cobre, el
gobierno impulsa la asociación entre el Estado chileno y las empresas
norteamericanas que explotan el mineral, la que se llevaría a efecto en
base a un aporte de capitales del primero que permitiría financiar la
expansión y modernización de sus instalaciones requerida para lograr la
meta de duplicar su capacidad productiva.
Otro aspecto clave de las
políticas impulsadas bajo este gobierno apunta a poner en marcha un
proceso de integración regional a escala continental que, en conjunto con
la creciente incorporación de los campesinos a la demanda, permitiese
proveer al proceso de industrialización de una base más amplia que la
ofrecida exclusivamente hasta entonces por el mercado interno, incapaz de
permitir economías de escala acorde con las posibilidades tecnológicas de
la época y, por tanto, de las necesidades planteadas en el plano de la
competitividad. De allí que en el terreno internacional el gobierno de
Chile impulse decididamente la creación del Pacto Andino el cual se
constituirá en 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena.
En
ciertas áreas del sector industrial consideradas de importancia
estratégica para el desarrollo del país, como por ejemplo la petroquímica,
el gobierno de Frei impulsará también la creación de empresas mixtas entre
el Estado chileno y el capital extranjero. Se acomete asimismo la
construcción de grandes plantas de celulosa y se fomenta la instalación de
plantas de fabricación o armado de bienes de consumo durable como la
producción de vehículos motorizados y de artículos electrónicos. Paralelo
a ello se promueven iniciativas destinadas a mejorar el sistema
tributario, fortalecer la investigación asociada a distintos sectores de
la producción, elevar la capacitación de la fuerza de trabajo, modernizar
la infraestructura de obras públicas, transportes y comunicaciones,
etc.
Sin embargo, tras un comienzo auspicioso, la política de
modernización y reformas impulsadas por el gobierno de Frei no logrará
superar los cuellos de botella que entrampan severamente el crecimiento de
la economía chilena, tras los cuales es posible descubrir la sorda pugna
de intereses que enfrenta a los distintos actores en el escenario social y
político del país, reduciendo significativamente los márgenes de acción
gubernamental. En definitiva, como se muestra en el cuadro, las políticas
aplicadas terminarán reeditando un desempeño en general mediocre,
completamente incapaz de satisfacer las expectativas de la mayoría de la
población. Ello vuelve a poner de relieve la profundidad de la crisis que
afecta al modelo económico prevaleciente y la necesidad de un cambio
también profundo en la estrategia de desarrollo económico del país.
Principales resultados económicos del gobierno de
Frei (Porcentajes) |
Año |
Tasa de crecimiento del gasto del PGB |
Tasa de inflación (doce meses) |
Tasa de desocupación |
Tasa de inversión (dic. cada año) |
1965 |
5,0 |
25,9 |
4,7 |
18,1 |
1966 |
7,0 |
17,0 |
5,4 |
17,4 |
1967 |
2,3 |
21,9 |
6,4 |
15,7 |
1968 |
2,9 |
27,9 |
5,4 |
16,3 |
1969 |
3,1 |
29,3 |
5,4 |
17,1 |
1970 |
4,5 |
34,9 |
8,3 |
16,4 |
Fuentes: 0deplán,1NE, Instituto de Economía de la
U. de Chile, en Bitar (1995:47) |
Se plantea así, de manera cada vez más
nítida, una disyuntiva polar; llevar decididamente a cabo las
transformaciones estructurales requeridas para sacar al proceso de
industrialización del empantanamiento en que se encuentra o darlo por
definitivamente cancelado, asumiendo como ilusorios los propósitos que lo
han guiado. El desencanto generado por los sucesivos fracasos anteriores
llevan a que tal disyuntiva deje de plantearse en términos exclusivamente
teóricos para pasar a asumir ya un carácter cada vez más clara y
directamente político, expresado en los esfuerzos de los sectores sociales
en pugna por tornar efectivamente viables esas opciones.
Si bien lo
que en última instancia orienta y justifica la primera de ellas es la
aspiración de alcanzar como nación un desarrollo económico autónomo, capaz
de romper los lazos de dependencia que han mantenido subordinada su
economía a los requerimientos e intereses de las potencias hegemónicas del
capitalismo mundial, en las condiciones de un país como Chile en el siglo
XX esta aspiración se halla en sintonía y se entrelaza muy directamente
con el anhelo de los sectores populares de terminar con el sistema de
explotación y opresión de que son víctimas.
LA CRISIS TERMINAL DEL MODELO ISI
La
disyuntiva planteada por la crisis del modelo ISI se proyectó claramente
sobre el plano político con motivo de la elección presidencial de 1970.
Como lo atestiguan los programas y las propuestas difundidas durante la
campaña por las candidaturas de la Unidad Popular y de la Democracia
Cristiana, al menos dos tercios del electorado se pronunció a favor de la
prosecución y profundización del proyecto nacional de desarrollo impulsado
y liderado por la acción del Estado. En consecuencia, el gobierno que se
constituyó bajo la presidencia de Salvador Allende fue una expresión del
inmenso anhelo de cambios en una dirección progresiva que se había
instalado en la sociedad chilena.
En ese entonces, a comienzo de
los años setenta, la población del país bordea ya los nueve millones de
habitantes, de los cuales las tres cuartas partes residen en centros o
localidades urbanas. El alto grado de urbanización alcanzado se refleja en
la importancia que han llegado a adquirir entonces como componentes del
PGB el sector servicios, cuyas actividades (comercio, administración
pública, bancos, rentas inmobiliarias y otras) generan el 44,1% del mismo,
y la producción industrial que registra una participación del 24,9%,
comparado todo ello con el valor de la producción agrícola que solo
representa el 9,3% del PGB.
En el diagnóstico de los economistas de
izquierda, los principales males que entonces afectaban a la economía
chilena obedecían a factores claramente identificables: los fuertes y
onerosos lazos de dependencia financiera, tecnológica y comercial que
aprisionan y subordinan al país, en particular ante la potencia hegemónica
del sistema capitalista mundial, el altísimo grado de monopolización
prevaleciente en prácticamente todos los sectores de actividad económica,
las anacrónicas relaciones sociales y el ostensible atraso tecnológico que
exhibe la mayor parte de la agricultura y la pronunciada desigualdad en la
distribución de la riqueza y de los ingresos.
El costo que
representaba para el país la actuación del capital extranjero puede
ilustrarse claramente con uno de los ejemplos invocados por el propio
Presidente Allende para justificar las deducciones por "utilidades
excesivas" aplicadas por su gobierno a las indemnizaciones a que daba
lugar la nacionalización de la gran minería del cobre. En su discurso ante
la Asamblea General de la ONU (diciembre de 1972) sostuvo que, con una
inversión inicial que no superó los 30 millones de dólares, las compañías
norteamericanas se llevaron de Chile sólo en las cuatro décadas anteriores
a la nacionalización más de 4 mil millones de dólares. Más aún, entre 1955
y 1970 la filial en Chile de la Kennecott Copper Corporation obtuvo una
utilidad anual promedio de 52,8% sobre la inversión/llegando en algunos
años a utilidades tan increíbles como el 106% en 1967, el 113 % en 1968 y
más del 205% en 1969"conllevando ello un drenaje permanente de recursos
desde Chile hacia EEUU.
Por otra parte, la alta concentración que
se observa en todos los sectores de la economía, dejando en muy pocas
manos y en función de sus propios intereses las decisiones claves, se ve
claramente reflejada en datos como los siguientes: en 1953 solo el 3% de
los establecimientos industriales controlaba el 51 % del valor agregado,
el 44% de la ocupación y el 58% del capital de todo el sector; en 1965
solo el 2% de los predios (4.876 de un total de 232.955) tenía una
superficie mayor a 80 hectáreas de riego básico, abarcando en conjunto el
55,4% de la superficie agrícola; en 1970 el 60% de todas las exportaciones
chilenas (que en un 75% correspondían a las ventas del cobre) se hallaba
de hecho controlado por 3 compañías estadounidenses (Bitar,
1995:29-30).
A su vez, es posible apreciar la muy desigual
distribución del ingreso imperante en base a los siguientes datos: en 1967
el 10% más pobre de la población recibió el 1,5% del ingreso total,
mientrasel10% más rico obtuvo el 40,2%;en 1970 cerca de un 25% de la
población se encontraba en condiciones de pobreza extrema y dos tercios de
ellos vivían en áreas urbanas; en 1970 cerca del 7% de la población
obtenía el equivalente a 4.290 dólares per cápita mientras que un 54% de
la población percibía solo el equivalente a 212 dólares per cápita (Bitar,
1995:30-32).
En cada uno de estos aspectos lo que se tiene a la
vista son solo los síntomas de las contradicciones inherentes al
desarrollo del capitalismo periférico, fuertemente condicionado por las
relaciones de poder que articulan el sistema y los criterios de
racionalidad que rigen su funcionamiento. Para tornar medianamente viable
un proyecto nacional de desarrolló le hacía necesario entonces situarlo
sobre un horizonte que trascendiese tales condicionamientos que, a lo
largo del siglo XX, han terminado por estrangular prácticamente todos los
esfuerzos de desarrollo llevados a cabo en las regiones periféricas del
sistema (6).
De allí que el programa
económico de la Unidad Popular contemplara la nacionalización de todas las
riquezas básicas (cobre, hierro, carbón, salitre, etc.), de la banca y los
seguros, de las empresas monopólicas del sector manufacturero, de las
grandes cadenas de distribución mayorista, del comercio exterior, la
profundización de la reforma agraria y, en forma simultánea, el impulso
decidido de iniciativas dirigidas a lograr una redistribución progresiva
del ingreso. En el ámbito internacional, se proponía además llevar a cabo
una política de plena independencia, desligando al país del claro
alineamiento pronorteamericano mantenido hasta entonces en el marco de la
guerra fría y estableciendo relaciones diplomáticas y comerciales con
todos los países del mundo.
El objetivo central, explícitamente
señalado, de estas medidas es reemplazar la actual estructura económica,
terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y
del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo"(Programa de
la UP) Las dos grandes líneas de acción definidas para ello, es decir la
nacionalización de los sectores claves de la economía y las políticas de
redistribución del ingreso, debían conciliarse con objetivos de corto
plazo como la reducción del ritmo inflacionario, el aumento del empleo y
la aceleración del crecimiento. La posibilidad de lograrlo se basaba en el
aprovechamiento de una importante capacidad instalada ociosa,
particularmente en el sector industrial (alrededor de un 25%).
Una
segunda consideración relevante en el marco de la política económica que
se intentaba aplicar era que la redistribución y la socialización
constituían dos aspectos llamados a reforzarse mutuamente: las políticas
de redistribución y expansión del gasto público permitirían ampliar la
base de apoyo político al gobierno, algo muy necesario para vencer la
resistencia de las clases dominantes y llevar a cabo los cambios
propuestos en la estructura de propiedad; a su turno, la creación de un
área de propiedad social contribuiría a viabilizar y consolidar esa
redistribución del ingreso, permitiendo conjurar a tiempo los efectos
potencialmente desestabilizadores de las políticas expansivas asociadas a
una redistribución progresiva del ingreso.
Durante el primer año
del gobierno de Allende, contando con un mayoritario respaldo ciudadano,
el proceso de reformas adquirió un ritmo acelerado. Se dio inmediata
prioridad a la nacionalización de la gran minería del cobre la que, a
través de una reforma constitucional, fue finalmente aprobada en forma
unánime por el Parlamento en julio de 1971.Esta medida afectó muy
sensiblemente los intereses norteamericanos, no solo por implicar para
ellos el fin de un lucrativo negocio, sino también porque, como se ha
dicho, de los montos de indemnización calculados al valor libro de las
instalaciones, el gobierno decidió deducir lo que estimó "utilidades
excesivas" obtenidas por las compañías extranjeras durante los años en que
operaron en el sector, lo que en definitiva significó que el Estado no
tuviese que incurrir en ninguna obligación por este concepto.
En el
sector agrícola el proceso de reforma agraria adquiere un renovado
impulso, apoyado en una extensa ola de movilizaciones campesinas. En el
año 1971 se incorpora a este proceso una cantidad de predios similar a la
que había sido expropiada durante los seis años del gobierno anterior,
(7) con lo que esta fase de la reforma agraria
quedó prácticamente concluida. Sólo restaba ahora regularizar desde un
punto de vista jurídico la tenencia de la tierra por parte de los
campesinos y normalizar las faenas agrícolas, severamente dislocadas por
el ambiente de conflicto prevaleciente en las zonas rurales.
En los
demás sectores de la economía el proceso de cambios al régimen de
propiedad avanzó con igual rapidez, de modo que al término del primer año
de gobierno los objetivos planteados se hallaban en su mayor parte ya
consumados, siendo también satisfactorios los resultados alcanzados en el
desempeño de la economía. En efecto, en 1971 el PIB registra un
crecimiento de 9%,siendo este incremento de un 13,6% en el sector
industrial. En el Gran Santiago, la tasa de desocupación descendió de 8,3%
en diciembre de 1970 a 3,8% en diciembre de 1971. La inflación descendió
desde un 34,9% en 1970 a un 22% en 1971. La participación de los
asalariados en el ingreso geográfico pasó de 52,8% en 1970 a 61,7% en
1971.
Sin embargo, las medidas adoptadas se orientaban a
democratizar muy profundamente el sistema económico y suponían por tanto
un desplazamiento de las antiguas, ricas y poderosas clases dominantes. En
consecuencia, se trataba de algo que éstas no podían aceptar, dejando
planteado un conflicto irreductible sobre el terreno político. Lo que se
entabla entonces es una lucha abierta por la hegemonía, es decir por el
carácter de clase del poder político y sus instituciones, que desplaza
cualquier otra consideración y que será preciso resolver primero para
poder estar en condiciones reales de encarar los problemas que se plantean
en las demás esferas de la vida social, incluida la economía.
En
consecuencia, una vez que un proceso de cambios revolucionarios como el
anunciado ha sido puesto en marcha, sus posibilidades de éxito dependen de
la aplicación de una estrategia política que se evidencie capaz de generar
una correlación de fuerzas favorable, vencer la resistencia de las viejas
clases dominantes y desalojarlas de las posiciones de poder que
secularmente han detentado. El nexo existente entre el ámbito de la
economía y la política, usualmente disimulado por múltiples mediaciones,
se torna particularmente claro y directo en las condiciones de una crisis
profunda como esta, en que lo que se juega es nada menos que la
preservación o superación del orden social existente.
Resulta por
ello de escaso interés examinar exclusivamente desde el punto de vista de
la historia económica del país lo acontecido en los dos últimos anos del
gobierno de la UP, cuando una crisis de esa envergadura se encuentra ya en
pleno desarrollo. El desenlace de la misma es de todos
conocido.
EL RETORNO HACIA UN ESQUEMA DE
ECONOMÍA ABIERTA
El cruento golpe militar de 1973 terminó no
solo con el Estado de derecho y el sistema político existente hasta
entonces en Chile, sino también con la estrategia de desarrollo que se
había mantenido vigente en el país por más de cuarenta años. Aun cuando
las considere, una apreciación crítica, sintética y comprensiva de la
experiencia que se inicia a partir de entonces no puede estar centrada en
el examen de las políticas e instrumentos aplicados, sino en aquello que a
la postre resulta más trascendente en una perspectiva de largo plazo: los
cambios estructurales que ella ha logrado operar en la economía
chilena.
La transformación económica que se inicia en 1973,
instalando un esquema de funcionamiento cuyos lineamientos claves se
prolongan hasta hoy, ha sido llevada a cabo en nombre de la más completa
libertad de mercado, buscando exorcizar de manera perdurable la
intervención del Estado en la economía. Cabe advertir sin embargo que, a
contrapelo de ese discurso ideológico, el Estado no ha sido ni podía ser
en esta transformación un ente pasivo, distante o neutral, sino
precisamente el medio a través del cual el nuevo rumbo impreso a la
economía pudo ser implacablemente impuesto sobre la población.
Las
políticas implementadas a partir de 1973 han buscado consumar básicamente
tres objetivos centrales, íntimamente relacionados, que se configuran
finalmente como los pilares fundamentales del nuevo modelo de acumulación
capitalista y sus resultados: a) una radical
liberalización de los mercados, sustentada en la eliminación casi total de
los controles y restricciones previamente existentes;
b) una también radical apertura al exterior, apoyada en una rápida
y sustantiva disminución de los aranceles y de los controles cambiarios;
c) una extensión muy amplia de los ámbitos de
actividad privada y el encogimiento equivalente de la acción del Estado
que traspasa a particulares muchas de sus anteriores funciones.
Examinaremos brevemente a continuación cada uno de estos
aspectos.
LA LIBERALIZACIÓN DE LOS
MERCADOS
La liberalización de los mercados se impone como
principio rector de la nueva orientación en materia económica invocando
como justificación las distorsiones que la regulación de los mismos por el
Estado introduce en el sistema de precios, información clave para que
productores y consumidores puedan adoptar las decisiones que les resulten
más convenientes. Se arguye que el funcionamiento libre de los mercados
provee el mecanismo más adecuado para lograr una eficiente asignación de
los recursos productivos y, de ese modo, alcanzar altas tasas de
crecimiento.
En este plano, una de las primeras y principales
medidas adoptadas fue la eliminación de los subsidios y el establecimiento
de una amplia libertad de precios, incluyendo los de los bienes de primera
necesidad. Como era de prever, los alimentos se vieron especialmente
afectados por las alzas de precios que esta medida trajo inmediatamente
consigo, por lo que sus efectos redistributivos no pudieron resultar más
claramente regresivos. El alcance de estas medidas fue tan vasto que a
comienzos de 1980 sólo quedaban alrededor de 15 productos con precios
controlados.
Sin embargo, y a pesar del altísimo costo social que
esta medida supuso, la situación a la que ella efectivamente condujo dista
mucho de ser la proclamada conformación de mercados efectivamente libres,
regulados tan sólo por los estándares que impone la competencia. Por el
contrario, la libertad de precios se conjuga con el amplio proceso
privatizador que le acompaña para abrir camino a una rápida constitución
de nuevos y más poderosos conglomerados de carácter oligopólico.
A
esto último contribuyeron también en forma clara y directa numerosas otras
iniciativas adoptadas por el equipo económico del régimen militar, de modo
que resulta completamente inverosímil que no fuese precisamente ese el
objetivo perseguido. (8) La política de shock
que se decide poner en aplicación en 1975 es un buen ejemplo de ello. Esa
determinación arrastró a la quiebra a numerosas empresas medianas y
pequeñas que eran potencial-mente viables, aún en un esquema de economía
abierta, a condición de que se les diese un plazo razonable para
readecuarse.
El proceso liberalizador abarcó también al mercado de
capitales, lo que implicó la eliminación de la mayoría de las regulaciones
que afectaban al sistema financiero interno. Entre las medidas destacadas
que se adoptan en este plano cabe mencionar la liberalización de la tasa
de interés bancada (mediados de 1974), la reprivatización de los bancos
comerciales estatizados por el gobierno de la UP, la autorización para el
establecimiento de nuevos tipos de entidades financieras y para la fusión
de bancos comerciales.
Con estas medidas, a las que se añade la
apertura del mercado financiero al flujo de capitales externos lo que se
busca es lograr una mayor movilidad de los recursos financieros y una
elevación de las tasas de ahorro interno. No obstante, nuevamente lejos de
redundar en un funcionamiento más «libre» del mercado de capitales, ellas
permiten y favorecen su conformación y regulación oligopólica. A ese mismo
resultado apuntan los bajísimos precios a que fueron reprivatizados los
bancos comerciales que, por la situación recesiva de ese momento, sólo
resultaban accesibles a los grupos empresariales más poderosos y con
mejores conexiones externas.
Con respecto al mercado de trabajo la
liberalización supone, una «flexibilización» de la relación laboral que
pasa ahora a ser discrecionalmente definida por los empresarios: fuertes
rebajas de los salarios reales, amplias facilidades para concretar
despidos, ausencia de negociación colectiva, etc. Cabe destacar que en
este caso se mantiene vigente una fuerte intervención del Estado, pero no
con vistas a cautelar los derechos básicos de la parte más débil, que son
los trabajadores, sino exactamente con el propósito contrario: impedirle a
ésta que los haga valer.
LA APERTURA EXTERNA
DEL ESPACIO ECONÓMICO NACIONAL
Si bien el nuevo régimen
procede en primer término a la liberalización de los mercados internos con
el propósito de sacar rápidamente a la economía de la situación caótica
que la afecta al momento del golpe, ella no quedará restringida a este
ámbito sino que se extenderá en forma también acelerada al de las
relaciones comerciales y financieras con el exterior. Esto se expresará en
una rápida y sustancial rebaja de los aranceles y en una disminución y
simplificación también significativa de los controles cambiarios a objeto
de tornar más fluidos los movimientos de capitales.
Sin duda es
aquí donde se manifiesta más claramente la voluntad de los sectores
hegemónicos de la clase dominante de transitar hacia un reordenamiento
radical de la estructura económica del país puesto que la política de
apertura al exterior priva súbita y definitivamente al proceso de
industrialización anterior que aún no ha logrado consolidarse de su
principal e indispensable soporte. En otras palabras, le quita - para usar
la conocida expresión de Friedrich List - la "escalera" que necesita para
alcanzar sus objetivos.
De este modo, sobre la base de la extendida
privatización de las actividades productivas que, invocando el principio
de "subsidiariedad del Estado" pone aceleradamente en marcha el régimen
militar, la desregulación de los mercados internos y la apertura externa
van a colocar al conjunto de las actividades económicas del país en un
nuevo molde al que les resultará imperativo adaptarse con suma rapidez
para poder sobrevivir.
Esta política de apertura unilateral de la
economía chilena al exterior no se circunscribe al ámbito comercial y
financiero, sino que se extiende también al campo de las inversiones
productivas. EI régimen militar diseña y pone en aplicación para ello una
normativa legal, el Estatuto de la Inversión Extranjera (Decreto Ley 600),
otorgando a los inversionistas foráneos garantías de trato preferencial,
en ciertos aspectos más favorable aún que el que reciben los propios
inversionistas nacionales.
Todo ello patentiza la incompatibilidad
del nuevo esquema económico con las políticas de integración económica
regional puestas anteriormente en aplicación lo que va a implicar la
pronta salida de Chile del Pacto Andino. Los esfuerzos de integración
regional son dejados de lado, retomándose sólo casi dos décadas más tarde
en el marco de un nuevo esquema de acuerdos que se articulan sobre la base
de una ya extendida liberalizaron del comercio internacional: el llamado
«regionalismo abierto».
LA APERTURA DE NUEVOS
CAMPOS DE ACCIÓN AL CAPITAL
Junto con abrir y liberalizar
los mercados, la acción del régimen militar se empeñará también en
extenderlos, llevando y haciendo primar la lógica de la valorización del
capital sobre cualquier otro criterio de racionalidad económica a todos
los ámbitos de la sociedad, incluso aquellos que difícilmente pueden
conciliarse con el objetivo de maximizar las ganancias.
Como es
sabido, el proceso privatizador que se pone entonces en marcha no se
limitará a aquellas empresas, particularmente del sector financiero e
industrial, que habían sido estatizadas o intervenidas bajo el gobierno de
Allende, sino que abarcará también a la mayor parte de las empresas cuya
existencia se debía a la iniciativa y esfuerzo desplegado por el propio
sector público, particularmente en el ámbito de la energía, los
transportes y las comunicaciones. Desde luego, este decisivo traspaso de
empresas públicas a manos privadas se llevará a cabo en las condiciones de
discrecionalidad que impone la propia existencia del régimen militar (9).
La extensión de las relaciones
capitalistas de producción adquiere también un gran dinamismo en las zonas
rurales, en las que el régimen militar reorienta y pone fin al ciclo de
transformaciones estructurales iniciado allí con el proceso de la reforma
agraria y cuyo principal resultado es la definitiva superación del
latifundio. Las iniciativas de carácter asociativo surgidas de ese proceso
van a ser rápidamente eliminadas, procediéndose a devolver una parte de
las tierras expropiadas a sus antiguos propietarios y a reasignar otra
mediante un sistema de reparto individual o licitaciones. El posterior
funcionamiento de un mercado libre de tierras va a completar este
proceso.
Lo novedoso, sin embargo, será el paso que el régimen
militar se decide a dar en 1979, cuando anuncia su propósito de impulsar
un vasto programa de reformas bautizado por él como las «siete
modernizaciones», orientado básicamente a extender la lógica de las
relaciones y motivaciones mercantiles a ámbitos aún mayores. Dicho anuncio
se orienta a sancionar una paulatina disolución del principio de
responsabilidad social antes prevaleciente y un creciente desentendimiento
del Estado de su obligación de cautelar la vigencia de ciertos derechos
sociales básicos de la población, llevando el afán privatizador a aspectos
tales como la previsión, la salud, la educación y la vivienda.
A
partir de entonces se actúa con decisión en el desincentivo y progresivo
desmantelamiento de las más diversas iniciativas de carácter asociativo
desarrolladas en el período histórico precedente, abriendo paso a una
creciente privatización de los servicios y costos de la atención médica y
la educación; se impone la capitalización individual de los fondos
provisionales, cuya administración queda ahora en manos de entidades
privadas con fines de lucro; se reorganiza el sistema de educación
superior, atomizando su basamento institucional, obligando a las
instituciones a autofinanciar sus actividades y abriendo este campo a una
descontrolada irrupción de universidades privadas, etc.
Este
proceso que, junto con abrir paso a una fuerte concentración del poder
económico, incide en una creciente dispersión y atomización de la sociedad
civil y que comporta además ostensibles inequidades, conlleva también un
fuerte desquiciamiento de la moralidad pública: sinnúmero de
privatizaciones fraudulentas, tráfico de influencias, robo y corrupción
generalizada, despotismo e impunidad del régimen político y sus agentes,
trato privilegiado a las FFAA en materia salarial y previsional,
enriquecimiento ilícito a expensas del patrimonio público, exacerbada
proliferación del individualismo, la competencia y el consumismo,
etc.
CAMBIOS EN EL PERFIL PRODUCTIVO DE LA
ECONOMÍA
En términos globales, la implementación de tales
políticas ha operado una importante relocalización sectorial de los
recursos productivos. Ella se refleja particularmente en el significativo
incremento experimentado por la participación del comercio exterior en el
PIB, acompañada de la disminución no menos importante de la producción
orientada hacia el mercado interno. Este es, sin duda, el aspecto más
relevante de la transformación operada en la estructura económica del
país. (10)
Como se esperaba, la
participación porcentual del comercio exterior en el PIB ha experimentado
un fuerte incremento, pasando desde alrededor de un 30% en 1970 a poco más
de un 60% a fines de los años noventa. El valor anual de las exportaciones
es algo superior al de las importaciones, permitiendo que la diferencia
pueda ser destinada al servicio de la deuda. Es importante observar, sin
embargo, la composición que exhiben las primeras. Estas corresponden en
casi un 90% a productos procedentes de sólo cuatro sectores básicos:
minería, pesca, silvicultura y fruticultura. Solo una parte menor de ellos
es sometida a algún grado significativo de procesamiento antes de ser
exportada.
No obstante, en virtud de ello esta última es presentada
en las cifras oficiales como exportación de «productos industriales», lo
que configura una imagen distorsionada del estado real de nuestra
economía. Lo cierto es que, aunque se ha ido incrementando en el curso de
los últimos años, la participación de las ramas más propiamente
manufactureras (metalmecánica, química, cuero y calzado, textil, etc.) en
el total de las exportaciones apenas se empina por encima del 10% del
total.
Por otra parte el crecimiento de las exportaciones es
balanceado por una expansión equivalente de las importaciones, las que en
un elevado porcentaje corresponden a bienes de consumo susceptibles de ser
producidos en el país o a artículos suntuarios perfectamente
prescindibles. Se genera así no sólo un alto costo de oportunidad en el
empleo de las divisas disponibles, sino también un significativo proceso
de sustitución de producción interna con el consecuente incremento del
desempleo estructural y de las actividades de subsistencia que nutren la
«economía informal».
La participación de la producción industrial
en el PIB, que en 1970 representó un 24,7% y que se elevó por encima del
26% en 1972, experimentó una persistente caída durante los años
posteriores a 1973 hasta llegar a situarse en tomo al 17% a fines de los
años 90. Sin embargo, por elocuentes que sean, estas cifras no alcanzan a
dar cabal cuenta de la magnitud de los cambios operados en el sector
puesto que los más importantes son de carácter cualitativo. Como ya se
indicó, las cifras oficiales computan como «producción industrial» no sólo
a las actividades de transformación propiamente tales, sino también a las
de procesamiento de materias primas, las cuales han seguido de cerca a la
expansión de las actividades primarias orientadas a la
exportación.
El desmantelamiento de los rubros más típicamente
manufactureros desarrollados bajo el amparo del anterior modelo económico
ha sido muy pronunciado. Muchas empresas antes dedicadas a la fabricación
de productos industriales destinados al mercado interno se han visto
forzadas a cerrar sus plantas para dedicarse exclusivamente a la
importación y distribución de los mismos artículos que antes producían le
desperdicia así no sólo un importante acervo de experiencia y
conocimientos, sino también una porción elevada de la capacidad de
trabajo, que se ve súbitamente desplazada por aquella que viene
cristalizada en los productos importados.
Si bien es efectivo que
ciertas empresas han logrado sobrevivir a la fuerte presión competitiva a
que fueron sometidas, habiendo debido operar para ello importantes
procesos de reconversión y/o modernización de sus sistemas productivos, es
indudable que en términos globales el precio pagado por el sector ha sido
demasiado elevado en comparación con los magros resultados
alcanzados.
Durante el último cuarto del siglo XX también tuvo
lugar un significativo proceso de reestructuración y modernización
capitalista del agro no sólo chileno, sino latinoamericano, proceso que ha
sido impulsado por factores tales como: el rápido incremento de la demanda
mundial de productos agropecuarios; la considerable expansión de la
urbanización y por lo tanto de los mercados internos; las políticas de
fomento agrícola puestas en aplicación por el Estado; el creciente
accionar en este campo de las empresas transnacionales.
En el caso
de Chile, la unilateral apertura de su economía y la consiguiente
competencia de productos importados han impuesto al sector una
reconversión productiva dictada por los cambios que se operan en la
rentabilidad relativa de sus diversos rubros. En este contexto, los
cultivos tradicionales orientados hacia el mercado interno van siendo
gradualmente desplazados por el gran dinamismo que exhiben los rubros
orientados preferentemente hacía los mercados externos: la fruticultura y
la silvicultura.
La expansión del primero ha sido muy
significativa, llegando a aumentar el valor de sus ventas al exterior en
alrededor de dieciséis veces entre mediados de los años setenta y mediados
de los noventa, siendo los principales productos que participan de este
proceso la uva, las manzanas, las peras y los kiwis. Sin embargo, la
competitividad de este rubro se ha sustentado en una amplia medida en el
aprovechamiento intensivo que hace de las principales «ventajas» que le
proporciona el actual modelo económico: el bajo costo de la fuerza de
trabajo y la externaIización de los costos ambientales.
En cuanto
al segundo no hay que olvidar el importante rol desempeñado por el Estado
en el desarrollo de sus actividades, no sólo al privatizar empresas a
precios irrisorios, sino también al subsidiar el 75% de los costos de
plantación (DL 701) en los terrenos calificados de aptitud preferentemente
forestal. La superficie de las plantaciones, que a mediados de los años
setenta era de alrededor de 450 mil ha, alcanza veinte años más tarde a
cerca de 1.750 mil ha, de las cuales casi un 80% corresponde a pino
radiata y cerca de un 15% a eucalipto. El crecimiento de las exportaciones
forestales también ha sido espectacular: de poco más de USD 130 millones
en 1974 pasan a alrededor de los USD 2.000 millones en 1995, año en que
los embarques de celulosa superan los USD 1.300 millones.(11)
En el ámbito empresarial la modernización
capitalista del sector se ha expresado en la emergencia de importantes
complejos agroindustriales (CAÍ) que se imponen a las actividades
propiamente agrícolas mediante la larga serie de «eslabonamientos» a que
se halla sometido el proceso productivo en ambas direcciones (Chonchol,
1994):a) «hacia atrás» por el suministro de maquinaria e implementos,
fertilizantes químicos, pesticidas, biotecnologías y semillas, además del
necesario apoyo crediticio al sector; b) «hacia adelante» por las
industrias de transformación, los centros de almacenamiento y depósito,
los frigoríficos, los sistemas de transporte, distribución y
comercialización.
Por lo tanto, el sector agrícola no tiende a
estructurarse ya en función de relaciones de dominio territorial (el
antiguo eje latifundio-minifundio) sino de centros de poder que se hallan
localizados fuera del ámbito rural (el polo
financiero-industrial-comercial). Sin involucrarse directamente en las
disímiles y complejas actividades productivas del agro, el gran capital
logra así un efectivo control de las mismas. Además, junto a la empresa
agrícola capitalista, en que laboran más de 500 mil trabajadores (unos 100
mil permanentes y 400 mil temporales), se halla la agricultura campesina,
constituida por más de 200 mil explotaciones familiares, en gran parte
localizadas en áreas marginales de baja productividad y dotadas de un
equipamiento escaso y rudimentario.
La pesca ha conocido también
una considerable expansión en el curso de los últimos años, transformando
a Chile uno de los principales productores mundiales (junto a China, Perú
y Japón).La participación de esta actividad en las exportaciones pasa
desde poco más de un 2% en 1974 a más de un 12% a mediados de los maños
noventa. Aunque mantiene una posición de liderazgo en la producción de
harina de pescado (junto con Perú), la producción del sector se ha
diversificado crecientemente hacia otros rubros de mayor valor. La
industria reductora ha modernizado sus plantas para incrementar la
producción de harinas especiales que permiten alcanzar rentabilidades más
elevadas.
Sin embargo, al igual que los demás rubros exportadores
del país, el sector pesquero se evidencia muy vulnerable debido tanto a la
tendencia cíclica al derrumbe de los precios como a la alteración
periódica de los stocks a consecuencia de la sobreexplotación de las
especies marinas o a fenómenos de carácter natural. En líneas gruesas, hoy
es posible distinguir en él tres subsectores: el industrial, el artesanal
y el de la acuicultura que es el que ha conocido últimamente un mayor
dinamismo. El sector industrial, que registra una captura de alrededor de
600 mil toneladas en 1973, llegó a desembarcar alrededor de, 7 millones de
toneladas en 1995.EI sector artesanal produce alrededor del 10% de la
captura total, del que sólo una décima parte se destina al consumo humano,
dirigiéndose el resto hacia la industria reductora. La acuicultura es una
actividad relativamente reciente pero que ha conocido un crecimiento
notable en el curso de los años 90. En el año 2000 registra exportaciones
de salmón y trucha por más de USD 950 millones.
En el sector minero
los cambios más significativos se han producido a partir de 1986 y
conciernen a la nueva presencia y expansión de las ETN en la explotación
de yacimientos de la gran minería del cobre, la que durante los años
noventa ha logrado quintuplicar su producción. Antes de 1986 los esfuerzos
encaminados abrir la gran minería del cobre a la iniciativa del gran
capital chocaron con la tenaz resistencia opuesta por algunos sectores
castrense la que finalmente logra dejar su huella en el texto de la propia
Constitución de 1980.(12) Sin embargo,
haciéndose eco de las presiones ejercidas por el gran capital
transnacional, el régimen militar dispondrá posteriormente la elaboración
de una nueva legislación minera que acoge y da plena satisfacción a las
expectativas de los inversionistas privados.(13)
Despejados esos obstáculos y dadas sus
elevadas perspectivas de rentabilidad, la exuberante riqueza mineral
chilena se tornará irresistible, para el gran capital transnacional que
comienza a concretar importantes proyectos de inversión, principalmente en
el sector cuprero. Así, la producción de las empresas privadas, que en
1990 era de sólo 251 mil TM de cobre fino, alcanzará ya en el año 2000 una
cifra superior a las 3 millones de TM (COCHILCO).
Las exportaciones
chilenas de cobre representaban en 1985 un 26,5% de las exportaciones
mundiales, elevándose esta participación a más del 42% en el año 2000.Sin
embargo, en el mismo período la participación de CODELCO cae desde un 21%
a alrededor de un 14%, mientras que la de la producción chilena privada se
elevará de menos del 5% a un 28%. Hay que considerar además que la
participación de algunas empresas privadas en el mercado mundial del cobre
no se limita a su producción en Chile ya que también poseen yacimientos en
otros países, lo que refuerza su posición competitiva frente a
CODELCO.
Otro aspecto importante en este ámbito es que se
incrementa la participación de concentrados de cobre en las exportaciones
lo que revierte la anterior tendencia a incorporarles mayor valor
agregado: en 1990 Chile exportó bajo la forma de concentrados 241 mil TM
de cobre fino, equivalentes a un 15% del total; en 1995 esa cifra se eleva
ya a 800 mil TM, lo que representa ya un tercio del total, y a un millón
780 mil TM en el año 2000 representando esa cifra un 40% del
total.
Un interés preferente fue asignado al sector financiero con
el objetivo de crear un mercado de capitales capaz de acompañar los
procesos de privatización, concentración y centralización en curso. Con
tal finalidad se dictaron nuevas normas legales para regular la actividad
de los bancos, se autorizó la creación de instituciones financieras y las
fusiones bancarias, se decretó la apertura de la cuenta de capitales, se
creó un instrumento financiero indexado (la UF), se estimuló el desarrollo
del mercado de valores, se crearon las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) y se establecieron numerosos incentivos tribuíanos para
fomentar el ahorro y la inversión.
En el actual esquema económico
este sector se proyecta, ciertamente, como un decisivo instrumento de
poder: dado que las posibilidades de una expansión productiva son
inciertas y limitadas, sobre todo en una economía pequeña como la chilena,
más que la posesión de los activos físicos lo que cobra particular
importancia es el posicionamiento que se logra alcanzar en aquellas
actividades que permiten ejercer un control estratégico de los procesos de
generación de riqueza. En este sentido el sector financiero aparece como
el eslabón clave de la cadena que vincula al conjunto de las actividades
que se despliegan en el espacio económico nacional.
Hay que decir
que el desarrollo de este sector, que es expresión del modo como se avanza
hacia un alto grado de concentración y centralización de capitales, ha
representado un altísimo costo para el país, siendo el terremoto
financiero de comienzos de los años ochenta el episodio más oneroso de
todos. La realidad del sector bancario y financiero es que, más allá de la
variada gama de instituciones e instrumentos que lo conforman y de los
cuantiosos fondos con que opera, en la actualidad se halla altamente
monopolizado por un reducido número de grandes grupos económicos, tanto
nacionales como extranjeros.
Por último, los servicios básicos han
sido también fuertemente afectados por la política de privatizaciones y
por los efectos de la transnacionalización en curso. Las compañías
generadoras y distribuidoras de energía eléctrica así como las compañías
de teléfonos y comunicaciones se encuentran hoy en manos privadas. Otro
tanto ocurre con los medios de transporte aéreo, marítimo y terrestre,
excepción hecha de los ferrocarriles, cuyo grado de abandono no hace más
que preparar el terreno de una próxima privatización, y del tren
metropolitano, que a despecho de las profecías neoliberales opera
eficientemente.
CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO Y LA RIQUEZA
Conjuntamente con los cambios en
el perfil productivo de la economía, las políticas aplicadas a partir de
1973 han conducido a una concentración muy significativa de la riqueza,
expresada claramente en las pronunciadas y asentadas desigualdades que se
observan hoy en la distribución del ingreso. Ello se refleja en las
polarizadas condiciones de vida prevalecientes en el país. Chile es hoy
uno de los países del planeta en que impera una mayor desigualdad en la
distribución del ingreso. Según datos oficiales, en el año 2000 el decil
más pobre de la población percibe solo el 1,1% del ingreso total, en tanto
que el decil más rico obtiene un 42,3%. (CASEN 2000).
Desde luego,
esto no es algo casual. El resultado inmediato de las medidas de
estabilización aplicadas desde su inicio por el régimen militar (las
rebajas arancelarias y la libertad de precios, junto con el total
desconocimiento de los derechos laborales) fue un notable encarecimiento
del «costo de la vida». Los precios de gran parte de los bienes y
servicios alcanzaron rápidamente niveles similares a los prevalecientes en
el mercado mundial, al tiempo que los salarios conocían un profundo
deterioro en términos reales.
En esa misma dirección, claramente
regresiva, se alinea el uso que se hace de otros instrumentos de efectos
potencialmente redistributivos como por el ejemplo el sistema tributario.
Este fue completamente reorganizado a comienzos del régimen militar para
satisfacer las expectativas de los sectores empresariales, contribuyendo
muy significativamente al objetivo trazado por los apologistas del modelo
de convertir a Chile en un verdadero «paraíso de los inversionistas».(14)
Visto desde un punto de vista
exclusivamente económico, la concentración de la riqueza ha dado como
resultado la aparición de un reducido número de grandes «grupos» o
conglomerados empresariales que incursionan en sectores muy diversos de la
economía del país y van alcanzando progresivamente un control monopólico u
oligopólico de sus actividades más importantes.
Al mismo tiempo, la
injerencia del capital transnacional en la economía chilena alcanza
niveles muy elevados. En efecto, la presencia directa del capital
extranjero ha conocido una notable expansión durante este período,
especialmente a partir de la segunda mitad de los años 80, en que pasa a
ocupar una parte del espacio dejado por la quiebra de los primeros
«grupos» durante la crisis de 1982,llegando a asumir posiciones claves en
las estructuras productivas y financieras del país.
Esta crisis le
imprimirá un fuerte impulso al proceso de centralización del capital, el
cual se materializa por diversas vías: a) la
reorganización del sistema financiero desencadenada con la intervención de
la banca en enero de 1983; b) el traspaso de la
propiedad de las grandes empresas, bancos y AFP que pertenecían a los
grupos económicos quebrados; c) la
privatización de empresas públicas en base a un programa aprobado por el
BM y el FMI; d) la conversión de la deuda
externa en base a los capítulos XVIII y XIX del Compendio de Normas de
Cambios Internacionales. Lo último contribuirá a acelerar la
extranjerización de la economía chilena ya que las operaciones de
conversión de deuda externa superan en 1990 los USD 9 mil millones (Marín,
1991). (1S)
Por otra parte, este proceso
de centralización da impulso a una importante reestructuración del
capitalismo chileno caracterizada por: a) la
adopción de nuevas formas de organización y estrategias de desarrollo por
parte de los grandes grupos económicos que suponen una redefinición tanto
de los vínculos existentes entre las esferas financiera y productiva como
de la interrelación entre los mercados internos y externos; b) el aumento de la tasa de explotación e
intensificación del trabajo, expresado en parte en el desarrollo de una
nueva forma de interrelación entre las grandes empresas por una parte y
las medianas y pequeñas por otra, anudada principalmente a través del
sistema de subcontratación.
PROBLEMAS y
DESAFÍOS QUE SE DERIVAN DE ESTAS EXPERIENCIAS
Como hemos
visto, a lo largo del siglo XX Chile ha conocido dos estrategias de
desarrollo capitalista claramente diferenciadas: durante el primer y
último cuarto de esta centuria las perspectivas de expansión de su
economía han estado basadas en una dinámica productiva y comercial
primario-exportadora; durante el segundo y tercer cuarto se esforzó en
cambio por levantar una economía industrial inicialmente centrada en la
sustitución de las manufacturas importadas. En el marco de la primera, la
actividad económica responde enteramente a la dinámica que le imprime la
demanda externa. En el de la segunda, se intenta vincularla a la expansión
y diversificación de la demanda interna, aun cuando los condicionamientos
externos, y por tanto su vulnerabilidad ante ellos, continúan siendo
extremadamente altos.
Si bien ambas orientaciones constituyen solo
variantes de un capitalismo periférico, sometidos por tanto a similares
criterios de racionalidad económica, en uno y otro caso los efectos
sociales y políticos son también distintos. Desde un punto de vista
estrictamente económico, la primera es compatible con un alto grado de
exclusión social puesto que los trabajadores solo cuentan como
productores, no como consumidores. De allí que se busque restringir
severamente la participación popular en la toma de decisiones. La segunda
en cambio, por su propia naturaleza, junto con crear las condiciones
materiales que lo hacen posible, necesita apuntar hacia crecientes niveles
de participación de los trabajadores en la demanda.16 Por ello, representa
un molde en que éstos pueden tener, en principio, mayores posibilidades de
acceder a los procesos de toma de decisión.
Sin embargo, el
problema principal es que, en uno y otro caso, todo esfuerzo de desarrollo
se ve enfrentado a límites que en el marco del capitalismo no parecen ser
superables y que consolidan la posición dependiente de las economías
periféricas, sea cual sea el eufemismo que se utilice para denominarlas
("subdesarrolladas" "en vías de desarrollo""en desarrollo" o
"emergentes"). Dichos límites derivan de la manifiesta y onerosa
subordinación de las economías periféricas a los centros metropolitanos en
ámbitos tan estratégicamente claves como los de las finanzas y la
tecnología, lo cual se traduce en una menor productividad y competividad
en los sectores productivos más dinámicos.
Las opciones de
desarrollo que esta situación deja a las naciones periféricas no son
muchas. De allí que en el ámbito del comercio internacional no tengan más
alternativa que limitarse a identificar e intentar explotar ciertos
"nichos de mercado" en los que sus actividades productivas pueden contar
con "ventajas comparativas"(en rigor, absolutas) en el marco de la
existente división internacional del trabajo. E incluso en ese escenario,
en que los países pobres se ven normalmente afectados por un constante
deterioro de los términos del intercambio, en el marco de una economía
capitalista se suele plantear como necesario al propio proceso de
valorización del capital el recurso a la precarización laboral y
ambiental, vale decir a la superexplotación del trabajo y la depredación
del medio ambiente, como principales factores de competitividad.
En
última instancia, los problemas examinados llevan a considerar por tanto
la lógica que subyace no solo al modelo neoliberal, que solo constituye su
expresión más descarnada, sino al propio sistema económico-social vigente
y que explica sus resultados, así como los criterios que pueden servir de
base a una eventual alternativa para superarlo. La controversia de fondo
en torno a los criterios de racionalidad económica, que tanto la
implantación del modelo de "economía de mercado" como su crítica traen a
colación, ha estado de hecho permanentemente planteada en el curso de los
últimos veinticinco años en Chile, aun cuando ella, por razones obvias, no
logre alcanzar mayor visibilidad.
La cuestión que se discute
entonces, concerniente a los más convenientes mecanismos de asignación de
los recursos productivos, no es nueva. Ella recorre prácticamente toda la
historia de las ideas económicas, cobrando su expresión más decantada en
la disyuntiva polar entre mercado y planificación. Si bien, en rigor,
ambos términos no son excluyentes, lo esencial es la primacía que adquiere
uno u otro en la realidad económica como criterio orientador de las
decisiones de inversión. Pero se trata de un problema que exige ser
abordado no sólo de acuerdo a los criterios de eficiencia y eficacia
contable y del repertorio de instrumentos de control ex-ante o ex-post
disponible para tales efectos. Tanto por sus impactos sociales como por
sus implicancias de largo plazo, este problema excede ampliamente el
ámbito del análisis puramente cuantitativo.
En consecuencia, lo que
toda consideración crítica de la evolución de la economía chilena en el
siglo XX pone en juego es la necesidad de un examen más amplio y profundo
de los criterios de racionalidad económica que rigen o pueden regir las
decisiones claves en el campo del desarrollo económico y social. Si se
considera que por definición las inversiones deben ser «rentables»,en una
primera aproximación al problema cabe consignar al menos la existencia de
dos tipos de «rentabilidad» susceptibles de plasmarse en resultados muy
diferentes: a) la privada, cuya finalidad es la
valorización del capital y su indicador clave la tasa de beneficios; b) la social, cuya finalidad es la valorización de
las personas y sus indicadores claves los grados de equidad, seguridad y
bienestar material y espiritual de la población.
En el primer caso
lo que interesa es la rentabilidad financiera de las inversiones
individualmente consideradas, lo que dependerá a su vez de la rentabilidad
financiera de las operaciones (o transacciones) a que ellas darán origen.
Es ello lo que permite juzgar el grado de pertinencia de las decisiones
que se adoptan. Sin embargo, la falta de equivalencia entre el interés
social e individual puede llegar a ser, como sabemos, muy pronunciada,
hasta el punto de significar la búsqueda de beneficios individuales
directamente a expensas de la salud y bienestar de la población o de una
parte de ella. Incluso la sola consideración del interés social nos
enfrenta constantemente a este tipo de problemas.
Por ejemplo, ante
la crítica situación que suelen enfrentar los pequeños agricultores, ¿qué
resultaría más «rentable» desde un punto de vista social: importar
alimentos más baratos que los producidos internamente y cargar luego con
los innumerables problemas generados por el inevitable éxodo rural a las
ciudades o apoyar con recursos públicos a la agricultura campesina para
que ella pueda salir adelante? Este tipo de dilemas se nos plantea hoy con
suma frecuencia ante la realidad económica y social que prevalece en
nuestro continente.
En la opción que se asuma habría que tener muy
seriamente presente el gran costo económico y social que representa la
actual proliferación de un sinnúmero de actividades informales, sumamente
precarias e improductivas (vendedores ambulantes de helados o confites,
cantantes callejeros, cortadores de boletos “sapos" de la locomoción,
cuidadores de autos, etc.) y de otras múltiples estrategias aún más
extremas de sobrevivencia (delincuencia, prostitución, mendicidad, etc.),
como consecuencia social directa de las políticas neoliberales puestas en
aplicación.
La alternativa a esas políticas es, obviamente,
desplazar el centro de gravedad de las decisiones de inversión desde el
ámbito del mercado al de la planificación global de la economía, lo que
supone transitar en una dirección diametralmente opuesta a la que se sigue
actualmente. Pero el problema que subsiste es el de las perspectivas de
éxito que esta alternativa ofrece, dada la disociación cada vez más
pronunciada que se constata entre los intereses del capital por una parte
y las aspiraciones de bienestar y progreso social por la otra, que
necesitan y buscan ser expresadas y sintetizadas como proyectos de
desarrollo.
El fracaso del modelo ISI ha puesto claramente de
relieve los límites del capitalismo periférico. Por tanto, la disyuntiva
que se abre ahora es la de preservar el capitalismo y aceptar la
inviabilidad del desarrollo para la periferia, o perseverar en ese
objetivo, asumiendo que para ello es preciso superar los estrechos límites
que a esas posibilidades de desarrollo le impone el funcionamiento del
modo de producción capitalista en la periferia.
El alto grado de
desarrollo ya alcanzado por el proceso de mundialización de la economía,
plantea, sin embargo nuevos problemas. Evidencia lo ilusorio que resulta
el plantearse hoy como objetivo el desarrollo autónomo de un espacio
económico nacional cualquiera. En ese sentido cobra plena vigencia la
sentencia de Celso Furtado: ¡el desarrollo es un mito! Pero de aquí pueden
derivar conclusiones, y por lo tanto opciones, diametralmente opuestas.
Una de ellas sería considerar que, siendo ya inamovibles las fronteras que
traza la división internacional del trabajo la única chance es pugnar por
convertirse en una periferia altamente productiva y estrechamente
integrada a los mercados de las economías centrales, pagando para ello el
precio exigido de una apertura total. Esa es la opción que orienta las
políticas económicas en el Chile actual.
Pero esa opción pasa por
alto el carácter de clase, dinámicas de desarrollo y consecuencias
previsibles del actual proceso de mundialización. La contradicción
histórica, consustancial a toda sociedad de clase pero exacerbada hasta su
grado máximo por el dominio alcanzado por el gran capital transnacional,
entre el carácter inherentemente social de la producción y el carácter
individual de la apropiación, está llegando hoy a su fase culmine a escala
planetaria. El resultado de esto comienza a dibujarse ya de un modo cada
vez más nítido ante nuestros ojos: a) por una
parte un foso cada vez más profundo se abre hoy entre sólo dos mundos: el
de quienes aún pueden cobijarse bajo el alero de los «ganadores» y el
ampliamente mayoritario de los «perdedores»; b)
por otra, una competencia exacerbada entre los «ganadores» por mantenerse
en calidad de tales y que por ello lleva en su seno los gérmenes de
conflictos de magnitud y consecuencias insospechadas; c) por último, y como parte indisoluble de esa loca
carrera hacia el «éxito», la creciente transformación de las fuerzas
productivas en fuerzas destructivas guiadas por un incontrolable impulso
depredador.
En ese cuadro no resulta en modo alguno indiferente el
que al interior de los espacios económicos nacionales los márgenes de
autonomía disponibles puedan ser mayores o menores. Más aún, esa
diferencia puede resultar vital no sólo para las condiciones de vida
presente de las grandes mayorías sino también para las perspectivas de
sobrevivencia de la humanidad, las cuales se juegan en la posibilidad de
revertir las tendencias autodestructivas actualmente en curso y superar la
crisis civilizatoria que vivimos. En eso consiste, precisamente, el gran
desafío que encaramos: ser capaces de abrir camino a una "economía de la
solidaridad "fundada en el respeto al ser humano y a la naturaleza, aún en
el difícil escenario que la mudialización capitalista plantea al logro de
este objetivo. Ello exige combinar el propósito de avanzar en esta
dirección con una disposición a encarar con pragmatismo los
problemas.
En consecuencia, el desafío consiste en revertir el
curso individualista y socialmente desintegrador que el capitalismo tardío
le ha impreso hoy a la actividad económica, trazando un nuevo rayado de
cancha que cautele efectivamente el interés de la sociedad, expresado en
un conjunto de valores y objetivos fundamentales. Ello supone modificar
sustancialmente el curso de la política económica:
a) regulando los vínculos con el exterior para
conjugar el desarrollo de las capacidades exportadoras del país con el
pleno empleo y desarrollo de su capacidad de trabajo. b) regulando los mercados de modo que a través de
ellos se puedan satisfacer las necesidades sociales básicas haciendo a la
vez un uso eficiente de los recursos productivos. c) haciendo que el Estado vuelva a asumir su
responsabilidad social tanto como proveedor de servicios básicos
(educación, salud, previsión y vivienda) como en la planificación
democrática de nuestro desarrollo económico.
No se trata por tanto
de sofocar sino más bien de encauzar el interese iniciativa individual de
modo que pueda desarrollarse en clara armonía con el interés de la
comunidad. Pero ese es también el límite de su legitimidad. Ello supone
avanzar hacia un sistema económico sustentado en un régimen de propiedad
mixto, que combine la propiedad y gestión social sobre los recursos y
actividades productivas estratégicas con la propiedad y gestión privada,
individual y colectiva, sobre el resto de las actividades
económicas.
Tampoco se trata de confinar la actividad económica del
país aun a situación de virtual enclaustramiento, sino de desarrollar las
vinculaciones externas en clara correspondencia con el interés de la
nación. Implica avanzar, por tanto, hacia una economía que al mismo tiempo
que cautela la dignidad del trabajador, recompensando equitativamente su
esfuerzo, y desarrolla una relación amigable con el medioambiente,
necesita esforzarse también por ser competitiva en sus vínculos con el
exterior, al menos mientras persista un orden económico mundial como el
actualmente imperante.
El principal desafío consiste entonces en
lograr que los criterios de racionalidad económica existentes puedan ser
efectivamente conjugados de un modo distinto, encuadrando las
consideraciones costo-beneficio formuladas a nivel microeconómico en un
marco de opciones que sea plenamente compatible con las consideraciones
costo-efectividad que se estimen pertinentes a nivel macrosocial. Como
tantas veces se ha dicho, no es el ser humano el que debe estar al
servicio de la economía sino ésta la que debe servir al ser humano para
dignificar su vida y ayudarle a alcanzar su más plena
realización.
CONCLUSIONES
Cabría, a modo de resumen,
exponer en forma de tesis las principales conclusiones:
1. La economía de Chile entró y salió del siglo XX
como parte de la periferia del sistema capitalista mundial y, a pesar de
los importantes logros que el proceso de modernización experimentado ha
llevado aparejado en todos los planos, es altamente improbable que pueda
alguna vez lograr modificar su estatus en el marco de ese sistema cuyas
tendencias de desarrollo no hacen más que reforzar constantemente las
líneas de la división internacional del trabajo existente entre sus áreas
centrales y periféricas.
2. Esa
convicción, fuertemente arraigada en las clases dominantes, sirve de base
al rumbo tomado por la economía chilena a partir del último cuarto del
siglo XX. El objetivo estratégico que orienta ahora las políticas
económicas no es el del desarrollo autónomo sino el de lograr y
consolidar, en el marco de la economía capitalista mundial, el estatus de
periferia desarrollada principalmente sobre la base de actividades
primarias y de servicios altamente productivos y demandados por los
centros industriales y financieros.
3.
Sin embargo, más allá de la vulnerabilidad inherente a dicha estrategia,
el nuevo siglo que se inicia nos enfrenta al problema mayor de que las
contradicciones del propio escenario en el que se intenta tal inserción,
lejos de sustentar una perspectiva promisoria para las condiciones de vida
a que legítimamente aspiran todos los habitantes del planeta, están
arrastrando a la humanidad en su conjunto a una muy profunda crisis
civilizatoria, que incluso pone cada vez más en cuestión la propia
supervivencia del género humano.
4. Se
requiere, entonces, de un nuevo proyecto de sociedad, de un Nuevo Orden
Económico y Político Internacional que, apoyado en formas de organización
y acción fundadas en criterios de racionalidad claramente diferentes a los
actuales, sustituyendo al afán de lucro y la competencia despiadada en
torno a ese objetivo por un esfuerzo mancomunado, dirigido a brindar
efectiva satisfacción a las necesidades humanas en base a relaciones de
solidaridad y justicia, permita asegurar una vida digna, confortable y
segura para todos.
5. La posibilidad de
ofrecer una resistencia efectiva a las tendencias autodestructivas
actualmente en curso pasa por recomponer las diversas formas de conciencia
y voluntad colectiva, susceptibles de plasmarse en organización y
movilización social y política, buscando trascender los particularismos
hasta remontarse por sobre las fronteras para tender a la constitución de
acciones concertadas entre naciones que viven y sufren hoy similares
problemas de exclusión, explotación y pobreza.
6. El gran objetivo hacia el cual ha de apuntar la
acción política es el de hacer socialmente gobernable la economía, es
decir democratizarla, de modo tal que ella pueda ser clara y efectivamente
encauzada hacia el logro y realización del bien común. Ello significa que,
al contrario de lo que se suele reclamarse desde las actuales microesferas
del poder, es necesario politizar las decisiones económicas, poniendo las
consideraciones técnicas al servicio de fines y objetivos sociales
explícitamente reconocidos.
(1) Para utilizar la expresión con que Encina se refirió a ella
en su conocido ensayo de 1911.
(2) Otra estimación realizada
recientemente en base a pesos de 1995 (Braun et.al., 2000) arroja
resultados bastante parecidos.
(3) Junto a México, Brasil,
Argentina, Uruguay y Colombia. Utilizando como fuente el libro de Ricardo
Lagos La industria en Chile: antecedentes estructurales, Instituto de
Economía, Universidad de Chile, 1966, sostiene que la industrialización
chilena se inicia en el último cuarto del siglo XlX. Sin embargo, en rigor
este proceso es más antiguo ya que comienza algunas décadas antes, a
mediados del siglo XIX.
(4) Principalmente el cobre, la
plata, el trigo y la harina.
(5)
De las numerosas masacres con que la
clase dominante responderá a las demandas de los trabajadores a lo largo y
ancho del país, sobresale por su envergadura y la absoluta falta de
escrúpulos de sus autores la que en diciembre de 1907 tiene lugar en la
Escuela Santa María de Iquique donde fuerzas del ejército y la marina
disparan sobre una multitud de hombres, mujeres y niños dejando un saldo
de más de dos mil personas muertas.
(6) Con
las reservas del caso, la única excepción de importancia que podría
invocarse es quizás la de Corea, Fue por ese solo hecho amerita un estudio
en profundidad.
(7) Según datos de la CORA, ese
año se expropiaron un total de 1.379 predios, en tanto que durante todo el
gobierno de Frei esa cifra llegó a 1.408 (Bitar, 1995:87).
(8) Hernán
Büchi (1992:23), ex ministro de hacienda de Pinochet, lo reconoce por lo
demás en forma explícita:«... lo que hay que tener en cuenta es que se
está en un proceso en el cual el Estado es tremendamente fuerte y
considerar que al privatizar se está creando un sector privado ... En
nuestro país existía la convicción de que había un sector privado que
podía comprar, pero la verdad es que también se requería crearlo ...a
través de políticas tributarias, a través de la reforma de pensiones,
capitalismo popular, capitalismo laboral, etc.... Para poder crear este
espacio al sector privado el fisco redujo su tamaño de gasto fiscal del
30% del producto al 20% entre los años 1984-89, lo que dio un acomodo a la
reforma previsional de dos puntos, dio acomodo a una reforma tributaria
también de dos puntos; en consecuencia, cuatro puntos de capitalización
para el sector privado. Las empresas que se privatizaron significaron más
o menos un 10% del producto».
(9) Según la información oficial
proporcionada por las autoridades de la CORFO de aquellos años, entre 1973
y 1978 se devolvieron a sus dueños 350 empresas requisadas o intervenidas
durante el gobierno de la ÍIP. A ello hay que añadirla venta realizada por
parte de la CORFO entre 1975 y 1982 de derechos o acciones en 135
sociedades (en 91 de ellas, mayoritarios), la transferencia al sector
privado de su participación en 16 Bancos Comerciales, la venta de más de
600 plantas agroindustriales, bienes y pertenencias mineras y más de 3.000
operaciones de venta de bienes muebles. Posteriormente, durante el período
19S5-19S9 se privatizaron total o parcialmente 32 grandes empresas de
propiedad de la CORFO. Un estudio posterior confirmó la existencia de
numerosas irregularidades en estas operaciones las que implicaron para el
Estado una pérdida patrimonial superior a los 200 millones de dólares en
cifras actualizadas a diciembre de 1989, sin considerar las deudas
pendientes que ascienden a más de 1.700 millones de dólares (Abeliuk,
1992:124-126).
(10) Hay que señalar, sin embargo, que este cambio lleva
asociado un fenómeno muy significativo al que la información oficial
apenas presta atención: la explosiva expansión de las actividades
informales, expresivas de un masivo desempleo encubierto de la fuerza de
trabajo. Es posible adivinar la magnitud aproximada de este fenómeno
considerando las variaciones registradas en las cifras porcentuales del
empleo sectorial y teniendo presente al mismo tiempo la fuerte
concentración experimentada por las actividades más dinámicas que hacen
parte de estos mismos sectores. Lo más llamativo de tales cifras es que,
junto al notorio declive de la actividad industrial, permiten constatar
también el importante aumento experimentado por actividades como el
comercio y los servicios. Como es obvio, este fenómeno no guarda relación,
como en los países del centro, con un mejoramiento de la calidad de vida
de la población sino, por el contrario, con la proliferación de
estrategias de sobrevivencia por parte de aquellos que se ven excluidos de
los sectores más modernos y dinámicos de la economía.
(11) Hay que destacar que
gracias a sus bajos costos de producción, las empresas de celulosa que
operan en Chile se cuentan entre las más competitivas del mundo. Existe
además un alto grado de concentración en el sector puesto que una sola
empresa responde por más de la cuarta parte de las exportaciones y las
cuatro mayores suman el 50%: Celulosa Arauco y Constitución (26,23),
Celulosa del Pacífico (10,46), Forestal e Industrial Santa Fe (7,12) y la
Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones (5,51). Un examen más
pormenorizado de la situación del sector en Quiroga y VanHauwermeiren
(1996:61-75).
(12) El ex Director de «El Mercurio» Arturo Fontaine
(1988:125-128) ofrece un sugestivo relato de las disputas generadas al
interior del régimen militar en torno a este punto.
(13) Un examen pormenorizado de
este punto en el primer capítulo del estudio sobre el desarrollo minero de
Agatino, González y Rojas (1998:31-48).
(14) El argumento esgrimido por
Hernán Büchi (1992) en el sentido de que el sistema tributario está
concebido para desincentivar el consumo e incentivar el ahorro
(identificando ahorro con ahorro privado) es falaz por dos
razones:1) porque más allá de cierto límite las familias de altos
ingresos no pueden incrementar su consumo y se hallan por tanto obligadas
a ahorrar e invertir, sean los «estímulos» tributarios grandes o
pequeños;2) porque un incremento de la recaudación tributaria del Fisco no
equivale necesariamente a un incremento del consumo ya que el Estado
también puede canalizar esos mayores recursos hacia la inversión.
(15) Cabe
recordar que a partir de 1985 el Banco Mundial se suma al FMI para poner
en marcha en toda América Latina las llamadas políticas de «ajuste
estructural» que implican un fuerte impulso a las privatizaciones y a las
operaciones de conversión de la deuda externa, todo lo cual contribuye muy
significativamente a acrecentar la presencia y poder del capital
extranjero en la región.
(16) Salvo que el desarrollo de
la industrialización haya ido ya lo suficientemente lejos como para estar
en condiciones de sustituir exportaciones y competir en el mercado
externo, situación en la que aquél podría independizarse de su sujeción al
mercado interno y revertirse en contra de sus propios
trabajadores.
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